Un caso de justicia salvadoreña, después de casi tres décadas

El asesinato impune de cinco jesuitas durante de la Guerra Civil salvadoreña vuelve a los tribunales.

El 17 de noviembre de 1989, el periódico ABC de España anunciaba en su portada una noticia que había “conmocionado a El Salvador”: El asesinato ocurrido en dicho país del sacerdote español Ignacio Ellacuría y otros cinco jesuitas el 16 de noviembre.

Este hecho que dio la vuelta al mundo, se enmarca en el contexto de la Guerra Civil Salvadoreña (1980-1992), en la cual se enfrentaba el ejército nacional y las fuerzas insurgentes del FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional). A pesar de haber comenzado desde hacía más de nueve años, la guerra reactivaba la alarma internacional con este acto violento que quedaría impune durante largo tiempo. A manos de un grupo militar, esta matanza se sumaba a una lista de asesinatos de los defensores del pueblo, como fue el caso de Monseñor Romero, en 1980.[1] Rector de la Universidad Centroamericana en El Salvador y representante de la Teología de la Liberación, Ellacuría era también reconocido como un hombre comprometido con la búsqueda de la paz durante el conflicto. A pesar de la reacción del gobierno español ante esta noticia, su petición a las autoridades salvadoreñas de esclarecer los hechos lo más pronto posible, nunca se llevó a cabo.

A 28 años de este fatídico evento, el ABC retomaba este acontecimiento el 30 de noviembre de 2017, anunciando la encarcelación del militar salvadoreño Inocente Montano, acusado de ser el planificador de las muertes de los padres jesuitas. Si en la primera noticia del ABC, no se hacía una acusación directa de las fuerzas militares en El Salvador, en la publicación más reciente se explica que la causa principal de la matanza fue el esfuerzo de mediación impulsada por los padres jesuitas, para acabar el conflicto.

 

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Ignacio Ellacuría © jordandenari.com

 

Este acontecimiento histórico pone en evidencia la represión de los civiles durante el conflicto armado salvadoreño y la dificultad de obtener justicia de los crímenes cometidos.

Durante la guerra se perpetraron numerosos crímenes hacia civiles, atribuidos principalmente al ejército[2]. Al igual que Ellacuría, Monseñor Arnulfo Romero, reconocido como un conciliador entre la guerrilla y el ejército, y defensor del pueblo, conoció el mismo destino. La falta de acciones judiciales dejaron como resultado su asesinato en una impunidad vigente hasta la fecha.[3] La masacre de « El mozote », que tuvo lugar en diciembre de 1981, y que dejó un saldo de 978 ejecutados, de los cuales 553 eran menores de edad, no fue reconocida por el estado salvadoreño hasta 2012. A pesar de este reconocimiento tardío, el  juicio penal abierto ese año contra 18 altos mandos, continúa pendiente.[4]

En 1993, La Comisión de la Verdad, encargada de investigar las violaciones de los derechos humanos durante la guerra, presentó un informe en el que documentó miles de asesinatos, desapariciones y torturas; sin embargo, poco tiempo después, el gobierno salvadoreño aprobó una Ley de Amnistía que perdonó crímenes cometidos durante la guerra civil.[5]

Aunque en 2016, La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador declaró  inconstitucional ésta ley, a 25 años de la firma de los Acuerdos de Paz en El Salvador, aún existe una deuda con la verdad y la justicia para los más de 75 mil muertos y 7 mil desaparecidos en ese conflicto bélico.

25 Aniversario del asesinato de los seis padres jesuitas y sus dos ayudantes, en la Universidad Centroamericana de El Salvador  ©tierrasdeamerica.com

 

Combatir la impunidad y obtener la justicia es una lucha también mantenida por otros países que conocieron enfrentamientos violentos y dictaduras en América Central y del Sur en la segunda mitad del siglo XX. Algunas de las investigaciones y juicios en relación a las desapariciones y asesinatos de civiles han podido dar ciertos frutos. Tal es el caso de Chile, que desde el año 2000 ha acusado y/o condenado a 782 ex agentes estatales por crímenes relacionados con derechos humanos cometidos en el pasado, y 206 de ellos han recibido condenas y agotado las instancias de apelación.[6]  Según el DPFL (Fundación para el Debido Proceso Legal), la Cámara Penal de la Corte Suprema de Guatemala determinó que la amnistía no resultaba aplicable al caso de la masacre de las Dos Erres, perpetrada en 1982, permitiendo la implementación de efectiva de las órdenes de arresto que ya habían sido emitidas.[7]

Pese a estos avances, en países como Argentina, los obstáculos administrativos y probatorios dificultan la aplicación de condenas, después de muchos años de haber ocurrido el hecho, y en Perú, Guatemala y El Salvador, los fiscales no impulsan la investigación diligente de los casos relacionados con violaciones de derechos humanos. En cuanto a las indemnizaciones a los afectados por la violencia durante el conflicto, de los 18 estados que conocieron dictaduras militares en América Latina, éstas son concedidas únicamente por 8 gobiernos latinoamericanos[8].

Aunque la voluntad política en América Latina por la búsqueda de la verdad y la reparación integral de las víctimas ha logrado ciertos avances, principalmente a través de la creación de las Comisiones de la Verdad, y las condenas de algunos de los responsables, el tardío reconocimiento de los actos de violencia durante los conflictos bélicos y la larga espera para obtener justicia, es una clara evidencia de la impunidad que sigue imperando en estos países.

                                                                                                                                        Beatriz Serrato

 

 

Fuentes

[1]   http://dplf.org/sites/default/files/1276745888.pdf
[2]     https://aps.com.sv/cidh-pide-a-el-salvador-terminar-con-impunidad-de-crimenes-de-la-guerra-civil-aunque-reconoce-avances/
[3]  http://www.contrapunto.com.sv/archivo2016/sociedad/derechos-humanos/el-salvador-informara-impunidad-en-caso-monsenor-romero
[4]    https://elfaro.net/es/201712/el_salvador/20953/El-Estado-hace-oficial-el-n%C3%BAmero-de-v%C3%ADctimas-en-El-Mozote-978-ejecutados-553-ni%C3%B1os.htm
[5]    http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/14/57875488e5fdeafe6f8b4695.html
[6] [7] http://dplf.org/sites/default/files/1276745888.pdf
[8] http://theprisma.co.uk/es/2017/08/07/dictaduras-en-latinoamerica-la-impunidad-no-cierra-las-heridas/

 

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