La penalización de los clientes de la prostitución ha generado una polémica entre quienes reivindican los derechos fundamentales de las mujeres y aquellos que ven amenazada su libertad.
El pasado mes de agosto, la congresista colombiana del partido liberal Clara Rojas presentó un proyecto de ley que pretende multar a los clientes de la prostitución. La multa estaría entre uno y cuatro salarios mínimos diarios vigentes para una persona que se encuentre pagando por sexo. Este proyecto de ley ha generado un gran debate, alimentado por defensores de derechos humanos y por el Sindicato de trabajadores sexuales de Colombia (Sintraco).
Actualmente la ley colombiana no sanciona a las personas que prestan o toman servicios sexuales. En 2010 la corte sentenció que el trabajo sexual es igual a cualquier otro trabajo, es decir, es un trabajo digno.
Adoptar el modelo de ley nórdico
En el fondo del debate hay una discusión sobre cuál es la mejor manera de proteger a los trabajadores sexuales: si la multa puede ser un mecanismo para acabar con los abusos que sufren muchas de las personas que ejercen esta profesión, o si por el contrario, la prohibición llevaría esta práctica a la clandestinidad y haría que sus trabajadores fueran más vulnerables.
Rojas sostiene que la práctica de la prostitución comienza desde temprana edad en los barrios más desfavorecidos y que, para la mayoría de los trabajadores sexuales, es difícil abandonar esa vida puesto que se les dificulta encontrar alternativas de trabajo. Rojas propuso, en una audiencia pública del congreso, adoptar el modelo que se ha implementado en varios países como Noruega y Francia, donde se multa a los clientes para incentivarlos a dejar de pagar por estos servicios. Propone ayudas del Estado para garantizar educación, seguimiento psicológico y médico, reparación y empleo a los hombres y mujeres que ejerzan trabajos sexuales. Con este proyecto de ley se pretende prevenir la explotación, la trata de personas, el maltrato y la violencia sexual que viven a diario muchos trabajadores sexuales.
Lo que la congresista Clara Rojas no ha tomado en cuenta es la libertad de estas mujeres y hombres de decidir qué hacer con sus propios cuerpos, como afirma en una columna publicada en agosto en la el diario El Espectador:
“Sancionar al ‘cliente’ desestimula la práctica y genera las condiciones del entorno para terminar un negocio que no las beneficia a ellas”.
El modelo de ley Holandés reglamenta la prostitución
La presidente de Sintrasco, Fidelia Suárez, argumentó en una entrevista publicada en agosto en el diario El Tiempo, que muchos de los trabajadores sexuales realizan su trabajo por gusto, por elección propia y no porque fueron obligados por las circunstancias. Así mismo afirma que al multar la prostitución no se está terminando con el problema de la violencia, los clientes seguirán buscando este servicio pero, al ser penalizado, será mucho más difícil para los trabajadores sexuales denunciar los abusos frente a la ley.
La contrapropuesta al proyecto de ley es tomar el modelo de Holanda donde la prostitución es legal y está reglamentada. Esto permite tener un seguimiento mucho más eficaz de los posibles abusos y de la violencia ocasionada. Los prostíbulos se organizan para asegurar que los trabajadores sexuales estén cubiertos por la seguridad social, que se tengan registros de ellos y de sus clientes y que se cumplan las normas de higiene.
El trabajo sexual es un tema muy polémico, y aún más en una sociedad conservadora y católica como lo es la colombiana. Existe una gran estigmatización de esta actividad, que es despreciada por la sociedad, la policía y el sistema de salud. La pregunta de cómo reducir las violencias, explotaciones y asesinatos de trabajadores sexuales respetando y haciendo valorar su derecho a realizar este trabajo, sigue abierta.
Por Maria Junca
Charlas con Clara- Proyecto de ley 065 de 2017
Trabajadores sexuales defiende su oficio – EL ESPECTADOR
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